Bajar o no bajar la edad de imputabilidad ¿esa es la cuestión?

Un nuevo gobierno y un nuevo intento de bajar la edad de imputabilidad. Algunos han llegado a presentarla como la "ley bases" de la gestión en seguridad. Debemos ser un país que aborda el tema en serio, y para eso hay que usar datos:

Los adolescentes que cometen delitos en Argentina son poquísimos: el 0,4% del total de ellos.

Los que cometen delitos graves (homicidios, violaciones, etc.) son aún menos. El 83% de los delitos fueron contra la propiedad (no contra la vida) y la mayoría en grado de tentativa.

El delito en adolescentes se está reduciendo. En la provincia de Buenos Aires en 2023, solo el 2% de los delitos fue realizado por adolescentes (fue 4% en 2014). En la Provincia de Buenos Aires vive el 40% de las personas menores de 18 años de todo el país, por eso el dato es relevante.

El mito de que los adolescentes son los responsables de la inseguridad en nuestro país es eso: un mito. Por supuesto que existen casos impactantes. A veces por su crueldad, como el del playero del estacionamiento de Rosario; a veces por la edad del adolescente que comete el delito, y eso queda marcado en nuestras conciencias a fuego. Es muy impactante ver adolescentes que deberían estar estudiando, jugando, y pasando el tiempo con amigos cometiendo delitos de esa magnitud.

Por más impactantes que sean (y deba hacerse algo al respecto) no son mayoría, no son cada vez más, no son tantos como nos quieren hacer creer. Dicho de otra manera y en forma categórica: los adolescentes no son los responsables de la inseguridad.

Segundo, hay que mirar lo que pasa en otros países. La evidencia internacional sostiene que bajar la edad de imputabilidad no baja el delito. En Argentina la edad de imputabilidad es de 16 años, al igual que en Rusia, Portugal y Cuba. Todos los demás tienen una edad más baja con rangos que varían mucho entre países. Cuando se miran los niveles de inseguridad –medidos por cantidad de homicidios y robos- el ranking de países más inseguros lo encabezan: El Salvador (edad de imputabilidad: 12 años), Honduras (edad de imputabilidad: 12 años), Venezuela (edad de imputabilidad: 14 años), Jamaica (edad de imputabilidad: 12 años), y Sudáfrica (edad de imputabilidad: 10 años). Spoiler alert para la Argentina: tener una edad de imputabilidad baja no garantiza que la ciudadanía viva más segura.

Tercero, bajar la edad es un atajo para que el Estado, incluso el más mínimo, no se haga cargo de lo que es una estafa. De su incompetencia para enfrentar la inseguridad. Centrar el debate en la cuestión de la edad hace que no hablemos de otras cuestiones que son fundamentales a la hora de pensar cómo vivir más seguros.

¿Qué deberíamos estar discutiendo? Primero, lo que se busca desde el Estado es prevenir que el delito ocurra. El castigo implica siempre llegar tarde, porque el daño ya está hecho. Tenemos que saber de dónde vienen esos chicos, cuáles son sus historias y cómo llegaron a cometer un delito. No para justificarlos, sino para intentar actuar antes y llegar a tiempo para que no se involucren en conflictos con la ley penal, no solo por ellos mismos sino sobre todo por las potenciales víctimas de esos delitos.

Segundo, sin reinserción social del joven que comete un delito no hay seguridad nunca para nadie. Suele presentarse como solución bajar la edad de imputabilidad para poder castigar a los adolescentes que cometen un delito. En muchos casos, la demanda es que ese castigo sea la cárcel o, como se conoce en Argentina, el instituto de menores. Se habla poco sobre lo que sucede después que un joven cumple su condena. ¿Qué hizo durante esos años? ¿Qué aprendió? ¿Estudió? ¿Tuvo apoyo de su familia, acompañamiento del Estado para planear una vida alejada del delito?

Aun cuando se proponga delito de adulto, pena de adulto –lo que suena raro porque en todos los demás órdenes de la vida no los tratamos como adultos: no pueden votar antes de los 16, ni firmar contratos ni viajar por su cuenta-, ¿qué sucede cuando ese adolescente recupera ya de adulto su libertad? Una cuenta simple: un adolescente de 14 al que den 20 años de cárcel, recupera su libertad a los 34 años. ¿Qué pasa después? No hablemos de sus posibilidades de vida futura –que son bien difíciles- pensemos simplemente, ¿es mejor para la sociedad en su conjunto?

Es bien sabido que el encierro temprano implica una socialización en la violencia y los códigos propios de la cultura de la cárcel, la anulación de la identidad y el desarraigo. Como es de esperar, los adolescentes tienen luego del encierro mayores dificultades para terminar la escuela e insertarse laboralmente.

Ahora bien, ¿qué hacemos con la edad de imputabilidad? Se podría considerar bajar la edad de imputabilidad, pero no de manera generalizada para todos los delitos, sino solo para aquellos delitos graves (ej. homicidio, lesiones gravísimas, violación, robos con arma de fuego, entre otros). ¿Por qué? Porque no es lo mismo terminar preso a los 12 años por robar una bicicleta o un muñeco de peluche (son casos reales) que matar a alguien para robarle.

Por otro lado, si un adolescente por debajo de la edad de imputabilidad infringe la ley, debe haber alguna respuesta de parte del Estado. Se debe trabajar para evitar que vuelvan a delinquir en: la responsabilidad de sus actos, reparar el daño o buscar soluciones con las víctimas y la comunidad, un plan de vida alternativo al delito, y garantizar su acceso a derechos (educación, vivienda, etc.)

La escuela tiene un rol central en ese sentido. El abandono de la escuela es un indicador importante. La mitad de los chicos había abandonado la escuela antes de ingresar al Instituto de Menores. Cuando los chicos empiezan a faltar reiteradamente a clases 'algo anda mal' y la escuela es clave para actuar a tiempo.

Es central también castigar más severamente a las bandas criminales de adultos que utilizan adolescentes para cometer delitos, sobre todo los relacionados al narcotráfico.

Para concluir, la cuestión no es bajar o no la edad de imputabilidad. El tema de la edad es una cuestión en la que deben ponerse de acuerdo los legisladores nacionales, pero ello no puede ni debe ser un impedimento para avanzar en políticas que hagan foco en la prevención del delito para vivir más seguros.