Un obstáculo estructural a las reformas estructurales

El intento del gobierno nacional de trasladar la Justicia Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires plantea un primer obstáculo de fondo a la propuesta de reformas estructurales encarada por la Administración Javier Milei.

El obstáculo no es menor. Enfrentará al Gobierno con la Justicia Nacional y acerca de su voluntad de presentar batalla no pueden abrigarse mayores dudas. La decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuncia con claridad la decisión de la Justicia Nacional convertirse en caja de resonancia de buena parte de la litigiosidad que generaran el DNU y la Ley Ómnibus.

El problema es recurrente. Ya en 2015, un intento similar del gobierno Mauricio Macri desato la resistencia unificada de jueces, funcionarios y organizaciones sindicales. La movida logró abortar una iniciativa clave dentro de la estrategia de reforma judicial. No sólo volvió a postergar el retraso de más de casi 40 años en la implementación de lo ordenado por la Constitución Nacional en 1994 y la Constitución de la Ciudad. Por, sobre todo, frustro el propósito de cortar uno de los nudos gordianos de la resistencia judicial a los procesos de descentralización y desconcentración institucional del país.

La propuesta de traslado vuelve a ser una pieza central en la nueva estrategia de modernización del sistema de justicia. Un tema en el que la postura oficial no parece admitir gradualismos ni matices. O es todo o es nada. El art. 439 de la Ley-Ómnibus establece, con elocuencia: instruyese al Poder Ejecutivo Nacional a impulsar todos los actos y suscribir los acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo máximo de tres (3) años".

La respuesta de la corporación judicial ha sido, una vez más, inmediata. Se expresó pocas horas después del anuncio oficial y a través de un comunicado de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales, al cual se sumó con rapidez la posición de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

El conflicto amenaza con escalar y la cautelar de la Cámara Nacional del Trabajo es sólo un aperitivo. La unanimidad de los jueces nacionales sumará, en este y en el resto de las cuestiones en disputa, solidaridad inmediata del resto de los actores del sistema de justicia, incluyendo funcionarios, sindicatos y organizaciones sociales.

Las razones esgrimidas por los jueces nacionales no varían sustancialmente respecto de las ya expuestas en otras oportunidades. Mas allá de una mención de las dificultades para revertir años de inercia institucional los jueces invocan un derecho personal a la inamovilidad e intangibilidad de sus posiciones como garantías del principio de independencia judicial.

Junto a prolijas enumeraciones de las dificultades prácticas de desandar el largo camino recorrido desde su instalación, los jueces anteponen el privilegio de ser consultados ante cambios que perciben como contrarios a sus intereses.

Las razones del gobierno vuelven a su vez sobre la necesidad de efectivizar las disposiciones constitucionales tanto nacionales como locales, en un marco de necesidad y urgencia para concretar reformas inmediatas y de fondo sobre el gasto público de los tres poderes sobre las finanzas de la Nación.

Es necesario sustraer al debate de toda sustancia constitucional. Los tribunales nacionales en Buenos Aires no surgen de la Constitución. Fueron un fruto de la necesidad. Respondieron a la intención originaria de aliviar a la justicia federal de la presión de creciente de las causas comunes.

El art. 129 CN confirió a Buenos Aires el status de "ciudad constitucional federada", según la expresión acuñada por la CSJN, en casos como "Bazán", "Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/ Córdoba" o más recientemente "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vs. Estado Nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad". La CABA es hoy una "ciudad constitucional federada", lo cual plantea hacia un futuro inmediata el problema de la instalación de una nueva capital como uno de los grandes temas constitucionales de la futura organización territorial del país. La CSJN ha ratificado explícitamente la necesidad de transferir la justicia nacional a la CABA, una posición compartida de modo unánime por la doctrina y todas las fuerzas políticas, más allá de la resistencia corporativa de jueces, funcionarios y sindicatos judiciales.

Para dar una idea de la magnitud del problema planteado basta considerar que los tribunales del fuero común en la ciudad de Buenos Aires suman 406 magistrados judiciales. La suma de jueces y funcionarios de la Justicia Nacional Ordinaria ascendía hacia mediados de 2023 a alrededor de 7189 personas en planta y 220 contratados. A dicha cantidad debe sumarse el personal del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría de la Nación, calculados en al menos 85 con la jerarquía de Camaristas y Jueces. Personal todo de alta capacitación, remuneraciones elevadas, exentos de Impuestos a las Ganancias y con todas las ventajas del personal judicial, extendida a extensas redes de colaboradores menores, asistidos por privilegios de características no muy diferentes a las de los poderes judiciales nacionales y provinciales.

Visto el problema ya desde la perspectiva de las provincias, la presión social es ya difícil de administrar. Cabe señalar que el sostenimiento de la justicia "nacional" de Buenos Aires implica para las provincias una carga del 6% al 10 % del presupuesto provincial considerado en su conjunto. Este cargo se financia con recursos nacionales, provenientes de fuentes propias nacionales y de coparticipación. Las 23 provincias sostienen así parte de la justicia ordinaria de los residentes en la ciudad de Buenos Aires, liberando a los habitantes de CABA de la obligación de sostener esta parte fundamental de su sistema de justicia, que convive con el de la propia ciudad. Una situación de inequidad similar a la que se plantea con el financiamiento por parte de todos los contribuyentes del país de los servicios básicos de energía, agua potable o de transporte en el área metropolitana.

El conflicto entre el Gobierno y la Justicia Nacional ha comenzado a plantearse y, de no mediar un diálogo inteligente, tenderá a estallar en escenarios múltiples y diversos. Debe interpretarse como un conflicto estructural, porque surge de tensiones y problemas también estructurales. El modo como se sustancie ofrecerá un indicador elocuente de las capacidades y posibilidades del nuevo gobierno para pensar y resolver los problemas del país de un modo sustentable hacia el largo plazo.

A diferencia de las medidas de ajuste, que afectan a todos en todo, aunque de un modo transitorio, las reformas estructurales afectan a algunos y de modo definitivo. De allí la fuerza con que reaccionan los intereses que se sienten amenazados.

En este como en muchos otros puntos, la propuesta institucional del Ejecutivo resulta apresurada. Adolece incluso de cierta improvisación y carece de estudios de viabilidad e impacto indispensables. Hubiera ganado mucho con consultar con los estudios y expertos que trabajaron en Justicia 2030, en la etapa del ministerio Garavano. La ética de las convicciones habría ganado sin duda mucho con alguna dosis de ética de la responsabilidad.