La Corte Suprema aceptó el per saltum y deja en suspenso la remoción de los jueces que investigaron a Cristina Kirchner. La Corte Suprema aceptó el per saltum y deja en suspenso la remoción de los jueces que investigaron a Cristina Kirchner.
El máximo tribunal de la República Argentina con la mayoría formada por los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton resolvió abrir el per saltum presentado por los magistrados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli para no ser removidos de los cargos que ocupan en la Justicia Federal Penal, donde se tramitan las causas de corrupción que investigan la gestión kirchnerista.
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Los jueces le dijeron al Consejo de la Magistratura que no avance con la cobertura de las vacantes de los camaristas y decidieron correr traslado al Estado por 48 horas para que dé su punto de vista y le den intervención al Procurador General de la Nación por el mismo plazo.
Los jueces comenzaron a las 11 las deliberaciones en un acuerdo extraordinario convocados por el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, la semana pasada. Debaten qué hacer con el recurso de per saltum que presentaron los jueces para evitar ser desplazados de los cargos donde fueron trasladados en 2017 y 2018. Rosenkrantz, en su voto, argumentó que el caso de los jueces reviste una gravedad institucional "inusitada".
Los jueces estuvieron en sus despachos, explicaron que la excepción fue la jueza Highton, que participó del debate desde su casa como medida de prevención por el coronavirus.
El caso despertó una fuerte tensión política. Hubo pronunciamientos al respecto del expresidente Mauricio Macri, que pidió que el máximo tribunal “falle a derecho sin presiones” y del propio Alberto Fernández, que repudió la protesta y movilización a la casa de Lorenzetti en Rafaela, Santa Fe.
Bruglia y Bertuzzi integraban un Tribunal Oral Federal en Comodoro Py y durante la gestión de Macri fueron trasladados para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña, que actúa como primera instancia de revisión de todas las decisiones de los doce juzgados de instrucción. Entre otros delitos federales, estos juzgados tramitan causas por corrupción en la función pública, narcotráfico y trata de personas.
