Tras los dichos de Bullrich, Pfizer negó que el Gobierno le haya pedido coimas por su vacunas

En las últimas horas y a través de un comunicado, el laboratorio farmacéutico Pfizer desmintió categóricamente que algún representante del Gobierno nacional haya pedido coimas como principal condición para concretar la adqusición de millones de vacunas contra el coronavirus. Las acusaciones, apuntaban contra el exministro de Salud, Ginés González García.

El escándalo que generó que el laboratorio tuviera que salir a aclarar la situación, ocurrió más temprano cuando la exministra de Seguridad y actual presidenta del Pro, Patricia Bullrich, acusara a González García no sólamente pedir sobornos al labratorio, sino también de plantearles que debía ser el empresario Hugo Sigman quien llevara adelante la operación en su papel de intermediario.

Ante los graves dichos de Bullrich, desde Pfizer se encargaron de negar que el Gobierno les haya exigido colocar a Sigman como supuesto intermediario o "socio local", al mismo tiempo que rechazaron que se haya gestado algún tipo de requerimiento indebido. 

Bullrich, también involucró a Alberto Fernández en el supuesto pedido ilegal. “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”, amplió la funcionaria del Pro.

Ante esas declaraciones, que Pfizer consideró de “gravedad institucional”, la cúpula local del laboratorio preparó un comunicado que se remitió a Nueva York para su revisión y aprobación final por las máximas autoridades del gigante multinacional.

La empresa se encuentra sujeta a las leyes estadounidenses; entre ellas, la llamada “ley de Prácticas Corruptas Cometidas en el Extranjero” (FCPA, por sus siglas en inglés) que la obliga a reportar ante las autoridades de ese país cualquier pago o intento de pago indebido, como así también abordaje de un funcionario con esos fines.

En ese sentido, la normativa estadounidense establece sanciones tanto para las empresas involucradas en el pago de sobornos, como así también para aquellas empresas –sean estadounidenses o de un tercer país, pero que cotizan en alguna bolsa de Estados Unidos– que omitieron reportar un intento de sobornos.

En ese contexto, Pfizer decidió cortar con las versiones “incorrectas”, tanto sobre las negociaciones que encaró con González García, como así también sobre la supuesta sugerencia de incluir a Sigman en la operatoria. “Eso no pasó”, indicaron al diario La Nación.

Las declaraciones de Bullrich, sin embargo, podrían provocar la apertura de una investigación en los tribunales federales de Comodoro Py, donde la hoy titular del Pro sostuvo por televisión que se confirmarían sus dichos. “Lo tienen que investigar los fiscales de la Nación. Si llaman a las personas de Pfizer, ellos van a decir la verdad y no van a mentir como nos miente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Ahí, el pueblo argentino va a saber que el gobierno decidió que continuaran las muertes en Argentina”.

Desde el laboratorio, sin embargo, calificaron los dichos de Bullrich como un intento más por generar confusión en la sociedad, en línea con otras versiones que circularon durante los últimos meses sobre supuestas presiones para que Pfizer negociara con el camionero Hugo Moyano o una empresa de logística.

Por el contrario, tanto desde la empresa como desde la Casa Rosada coincidieron en que las negociaciones para acceder a las vacunas “siguen abiertas” y que el escollo es, hoy por hoy, legal. En particular, por la sanción de una ley que, con el voto oficialista y opositor, determinó que el Estado podía acordar condiciones de indemnidad patrimonial para los laboratorios, salvo “aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia”.

Por otra parte, mientras buscan destrabar esa negociación, la ministra de Salud Carla Vizzotti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini viajaron a México para evaluar los avances en la producción de vacunas de AstraZeneca, que incluyó una etapa inicial de producción local, en el labotarorio mAbxience, del Grupo Insud, de Hugo Sigman.