Detienen al exministro de Bolsonaro tras desembarcar en el aeropuerto de Brasilia
Anderson Torres es investigado por los actos golpistas del 8 de enero
El exministro de Justicia de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, fue detenido hoy en el aeropuerto internacional de Brasilia, en el marco de la investigación por los actos golpistas contra Luiz Inácio Lula da Silva ocurridos el 8 de enero, informaron fuentes oficiales.
Torres, que se encontraba en Estados Unidos, fue hasta el domingo pasado secretario de Seguridad del Gobierno del Distrito Federal y por eso el máximo responsable de garantizar la integridad de los edificios públicos que fueron invadidos por los seguidores del exmandatario de ultraderecha.
El avión en el que se trasladó el exministro llegó cerca de las 7.30 (hora local y de Argentina) al aeropuerto de la capital, donde Torres era esperado por la Policía Federal (PF), indicaron sus abogados a la prensa.
"Fue detenido al desembarcar en el aeropuerto de Brasilia y encaminado para custodia, donde permanecerá a disposición de la justicia", informó la PF, que ejecutó un operativo hermético.
"Las investigaciones siguen en secreto", agregó la institución, según la agencia de noticias AFP.
Poco después de su arresto, el ministro de Justicia, Flávio Dino, aseguró que los ataques fueron una "acción orquestada".
"La detención de Anderson Torres va en la dirección de identificar esa red que (hizo) posible el atentado terrorista", dijo Dino en entrevista con la cadena GloboNews.
Más de 2.000 personas fueron detenidas por el ataque a las sedes de los tres poderes del domingo pasado y unas 1.100 aún siguen bajo custodia de las autoridades.
El funcionario calificó, asimismo, de "error político" la designación de Torres por parte del Gobernador del Distrito Federal, el también bolsonarista Ibaneis Rocha, quien fue suspendido temporalmente del cargo por el Supremo Tribunal Federal (STF) tras los ataques, consignó Télam.
“El historial (de Torres) es muy malo. Entonces, lo que puedo decir es que, por lo menos, hubo un error político del gobernador Ibaneis. ¿Eso es un delito? No sé, no puedo anticipar la investigación", añadió.
El funcionario se refirió a labor de Torres como ministro de Justicia y denunció, en ese sentido, la inacción de la Policía de Carreteras ante los bloqueos de rutas que hicieron simpatizantes bolsonaristas contra un supuesto fraude electoral y la "inercia" de la PF en el descubrimiento de un artefacto explosivo acoplado a un camión cisterna destinado al Aeropuerto de Brasilia, el pasado 24 de diciembre.
Dino también afirmó que antes de los actos golpistas fueron llamados otros gobernadores de partidos opositores y, a diferencia del gobierno del DF, colaboraron para evitar actos golpistas.
La suspensión de Rocha y la detención de Torres fueron ordenadas por el juez del STF, Alexandre de Moraes, que los investiga por presunta "omisión y connivencia" durante el asalto a las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del pasado domingo.
El pasado martes, la Policía Federal encontró en la casa de Torres un borrador de un decreto para desconocer el resultado de las elecciones que consagraron a Lula.
El propio Torres admitió la existencia del documento que “iba a ser triturado oportunamente en el ministerio”.
En su cuenta de la red Twitter, el exministro escribió que el papel “fue filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces” en su contra, y remarcó que tiene "la conciencia tranquila" y que respeta la democracia.
El documento es una minuta de un decreto para que el entonces presidente Bolsonaro pudiera instaurar el estado de defensa en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE), en busca de revertir el resultado de las elecciones que ganó Lula.
El borrador tiene tres páginas y fue encontrado en el armario de la casa de Torres, que estaba de vacaciones en Miami y que regresó horas después de que el Gobierno anticipara que iba a pedir su extradición a Estados Unidos si no volvía antes del próximo lunes.
El 8 de enero miles de seguidores de Bolsonaro inconformes con la victoria de Lula invadieron y asaltaron las sedes de los poderes públicos, destruyendo obras de arte y mobiliario, así como el corazón de la capital, cuyo casco urbano fue declarado Patrimonio Nacional de la Humanidad por la Unesco en 1987.
Las autoridades identificaron 52 individuos y siete empresas bajo sospecha de contribuir económicamente con los manifestantes, mientras que autoridades del Distrito Federal están bajo la lupa por supuesta omisión de funciones.
Lula, de 77 años, prometió además "una revisión profunda" de su entorno en el palacio para garantizar su seguridad, puesto que está convencido de que hubo complicidad interna en la asonada.