DENUNCIADO

Zamora denunció penalmente al secretario de Rosatti y ordenan el secuestro de celulares

La denuncia fue interpuesta por el gobernador ante filtraciones de chats en los que se habría arreglado un fallo a favor de CABA. "Tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público", denunció Zamora.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, realizó una denuncia penal contra Silvio Robles, quien quedó cuestionado desde distintos sectores en los últimos días por la filtración de los chats del ministro de Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro.

Robles, quien oficia como vocero y director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, aparece en las conversaciones con D'Alessandro dándole argumentos al funcionario porteño sobre cómo proceder en el conflicto con el gobierno nacional por las bancas en el Consejo de la Magistratura. También parece anticiparle cuál sería la decisión de la Corte sobre la disputa por la coparticipación, que finalmente inclinó la balanza a favor de la ciudad de Buenos Aires.

Frente a esto, Zamora decidió denunciar a Robles por tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público. "La denuncia penal se fundamenta atento a las publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chats donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA, por el índice de coparticipación federal", explicó el mandatario provincial.

Según explicó en el escrito presentado ante la Justicia federal por el gobernador, la denuncia sería "por considerarlo responsable de los delitos de tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario público, previstos y reprimidos por los artículos 248, 256 y 256 bis del Código Penal, y/o los que SS determine en el curso de la investigación".

Sostiene además en el escrito que "de ser cierto el actuar por parte del funcionario público denunciado conduce, necesariamente, a una infidelidad que atenta contra la administración de justicia en beneficio de una parte del proceso, que no registra antecedentes en la historia de ese Tribunal de una conducta tan censurable. Por ello, no corresponde el silencio o el ocultamiento, porque ello desprestigia a la Corte y podría afectar la honorabilidad de todos los demás jueces, funcionarios/as y empleados/as de esa Corte y Poder Judicial".

Puntualizó el denunciante que "es necesario que el funcionario involucrado aclare todo lo que se refiere a esa relación impropia con una de las partes interesadas en la " causa coparticipación" que circula como información pública; como también, sobre las consecuencias o influencia que pudiera tener en la decisión en particular en que sin duda también se encuentra comprometida la imparcialidad de la decisión".

En la denuncia, se pidió como medida de prueba que "se intime al Sr Silvio Federico Robles, vocero del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, se presente ante el secretario a cargo de la Feria Judicial en este día 2 de enero, en el término de 2 horas de notificado de la medida y entregue el teléfono móvil oficial, número 1161816248 y todo otro que tenga en uso habitual, el que será recibido mediante acta judicial, guardado en sobre lacrado y enviado al juzgado en turno para que realice todas las pericias pertinentes. Tales pericias deberán ser limitadas a su actividad en relación a información vinculada al Tribunal, resguardando su privacidad".

Además solicitó el gobernador que "se llame al mismo para el día 3 de enero a fin de que por escrito y con carácter de declaración jurada, declare si ha efectuado modificaciones, borrado, suprimido información vinculada al tema que se investiga".

La denuncia recayó en el Juzgado Federal del santiagueño Guillermo Molinari, quien imputó a Robles y ordenó que "con carácter de urgencia deposite su teléfono celular" en la Secretaría de turno correspondiente, ya que hay feria judicial. Para esto, el magistrado federal envió un oficio a través de la Policía Federal para anoticiar a Robles de la medida. La resolución del juez alcanza al celular que usa habitualmente Robles y a "todo aparato de telefonía celular que tenga en uso habitual, personal u oficial.

En tanto, en otro oficio enviado al secretario de turno en feria, Molinari le solicita que "proceda a la recepción y resguardo" del teléfono de Robles, "debiendo asegurar y mantener la cadena de custodia de los mismos a los fines del resguardo del medio de posible prueba, todo labrándose la pertinente acta". Le hace saber, además, que "se han habilitado la feria judicial, y días y horas hábiles para el trámite presente".

Frente a esto, la Fiscalía Federal local, a cargo de Pedro Simón, emitió un dictamen en el que advirtió que la jurisdicción de Santiago del Estero no es competente para intervenir en el caso y recomendó derivar la denuncia a tribunales de Comodoro Py. Sin embargo, Simón consideró que "resulta viable como adecuada, útil y pertinente, disponer a la mayor brevedad posible la incautación de los teléfonos celulares" de Robles.

Para Zamora, no solo está "amenazado un pilar fundamental de la nación, que es el federalismo, sino que además, frente a este hecho, se ve en crisis la institucionalidad misma del país y la vigencia del estado de derecho".



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