“Comenzó con pedir abrazos y se puso peor”, dijo víctima de un sacerdote abusador

Después de 12 años, Florencia Gómez se animó a hacer público su calvario en un testimonio brindado a Noticiero 7. Si bien los hechos ocurrieron hace más de una década y el caso sí tomó carácter público, en un desgarrador testimonio, la joven develó cómo fueron los abusos que ella y otras dos adolescentes, sufrieron en el 2009 por parte del sacerdote Carlos Dorado en Bandera, Belgrano.

Por aquel entonces, el acusado era seminarista y llegó a su colegio, el Instituto Secundario “Monseñor José Weimann”, pero al poco tiempo fue ordenado sacerdote en la Diócesis de Añatuya. Según la víctima, que por entonces tenía 15 años, el religioso creó un grupo misionero, invitando a todos los alumnos.

En su testimonio, señaló cómo fue manipulándolas para que sólo se confesaran con él, estrechó el acercamiento y las citaba a solas. Aseguró que el cura hablaba de sus problemas personales, que lloraba y “comenzó a pedir abrazos y se fue haciendo progresivo y se puso peor”, sentenció.

“Después de cada abuso, que duró todo el 2009, él decía que me tenía que confesar que yo también era culpable de lo que estaba pasando. Había otro sacerdote pero él no quería que me confiese con el otro porque se iba a enterar”, relató Florencia entre lágrimas al recordar su calvario.

“La vergüenza era tanta porque nos hacían sentir que nosotras éramos las culpables, ni mis amigas lo sabían, ni quería que mis papás se enteren porque sentía que era culpa mía”, aseguró la joven, que aún hoy recibe contención psicológica.

Denuncia

“En el 2012 y 2013 me entero que a mis compañeras también les había pasado lo mismo. Hablamos con monseñor Adolfo Uriona que nos creyó en ese momento (obispo de la diócesis de Añatuya, desde marzo de 2004 hasta diciembre del 2014), nos dijo que iba a actuar”, precisó.

El proceso canónico duró un año y medio, en el que las víctimas prestaron declaración y presentaron evidencia. Sin embargo, la resolución se dilató más de la cuenta.

“Pasó mucho tiempo y no nos dijeron nada. Insistimos y después de mucho insistir, nos dijeron que él era ‘culpable’ y que estaba ‘arrepentido’ y como Dios es misericordioso ‘lo perdonaron’. Lo trasladaron de un lugar a otro y le dieron una ‘penitencia’ que era no volver a Bandera, no confesar a niños y adolescentes, no podía estar en contacto con ellos, ni ser párroco ni estar en una comunidad por 10 años”, describió Florencia sobre el “castigo” a Carlos Dorado.

La joven víctima aseguró que al poco tiempo descubrieron que Dorado continuó frecuentando Bandera por fotos de amigos que él tenía en esa ciudad y que publicaban en Facebook, además de que estaba a cargo de una comunidad en Santos Lugares.

Entre finales del 2019 y principios del 2020, las tres víctimas radicaron sendas denuncias penales ante la Unidad Fiscal de Añatuya. La causa está a cargo de la Dra. Andrea Darwich, fiscal que imputó formalmente a Dorado por el delito de “Abuso sexual agravado en concurso real de delito”.

La querella solicitó la detención del cura

Las víctimas de abuso por parte del sacerdote, entre ellas Florencia Gómez, son representadas por el Dr. Roberto Daives, que se constituyó como querella en la causa que es investigada por la Dra. Andrea Darwich, fiscal de la circunscripción de Añatuya. “Abuso sexual agravado en concurso real de delitos”, son los cargos que la fiscal imputó a Carlos Dorado, el cual nunca se presentó a declarar, sino que en sus indagatorias presentó un escrito.

Según Daives, el religioso adujo desconocer los supuestos abusos, aunque sí admitió el rol que cumplía por ese entonces en la comunidad de Bandera, en la Pastoral y el trato con jóvenes.

El letrado remarcó que como querella solicitaron la detención de Dorado, por entender que existen riesgos procesales con el sospechoso en libertad. Remarcó que el delito endilgado es de suma gravedad y que tiene una pena en expectativa alta, además de que el acusado puede tener una influencia por ser miembro de una institución como la Iglesia Católica y que se desplaza por la provincia sin ninguna restricción.

Daives destacó el trabajo conjunto que vienen realizando con la Fiscalía y consideró que en el corto plazo podrían estar en condiciones de presentar la requisitoria de elevación a juicio de la causa.