Piden detención de policía y allanan cuatro domicilios por “afer en servicios adicionales”
En dos viviendas fue secuestrada documentación. La denuncia sugiere “defraudación”, falsificación y hasta “asociación ilícita”.
Un oficial de policía quedó en el centro de una tormenta judicial al término de cuatro allanamientos y secuestros, en una causa denominada “afer adicionales”.
El funcionario fue denunciado en el 2020 y ayer personal de Delitos Económicos dio cumplimiento a oficios refrendados por el fiscal Ignacio Guzmán. La presentación es de un civil en Las Termas, quien atribuye al oficial una defraudación con servicios adicionales.
La denuncia
Ahondó que eran sus cómplices, su esposa; el padre de la misma y dos cuñadas, todos policías. El fiscal remitió varios oficios y ayer pidió allanamientos que le fueron otorgados por el juez de Control y Garantías, Diego Vittar.
Los policías allanaron cuatro casas: en especial, la del oficial denunciado. Después de una hora de allanamiento, habría incautado documentación sobre el contrato de adicionales refrendado con la comuna local, se supo.
Eximición de prisión
Dentro de la misma causa, se supo que Guzmán también habría requerido la detención del oficial. Sin embargo, antes el abogado Osvaldo Díaz habría solicitado la eximición de prisión del funcionario y neutralizado todo riesgo de detención de su cliente.
Sin embargo, ahora se realizará una audiencia, en cuyo transcurso el fiscal instará a que el juez rechace el beneficio planteado.
Pese a ignorarse las pruebas de la Fiscalía, la denuncia sostiene que el oficial y familia habrían obtenido grandes réditos vulnerando las normas legales y hasta contratando gente para los adicionales, sin luego efectivizarles los pagos correspondientes.
Los aspectos más finos de las operatorias reprochadas ya obran en poder del fiscal, quien investigaría (por ahora) una presunta “defraudación calificada”, con trama y desenlace más que imprevisibles.
A espaldas de Jefatura de Policía y aparente retención
El funcionario investigado no habría informado a Jefatura el contrato firmado con la comuna, a través del cual tomó las riendas de servicios adicionales especiales.
Según la investigación, con ello habría obviado normas internas y hasta incurridas en retención de tributos imposibles de desoír. Por ello, ahora enfrenta dos escenarios complejos: la investigación penal y la administrativa.
En la primera, existe la posibilidad que hoy haya definiciones, siempre y cuando se concrete la audiencia. Reproches Por otra parte, en la vía administrativa nadie descarta que Jefatura de Policía inste a un proceso para que el oficial haga frente a los dineros jamás “tributados”.
Vale recordar que el oficial se encuentra en disponibilidad preventiva, sospechado de violar el artículo Nº 205 (por el Covid-19) al participar de una reunión familiar evangélica.