Causa penal contra un empresario, dos jueces y un fiscal que cenaron por el Día del Amigo
El Gobierno de La Pampa se presentó como querellante por la violación del artículo 205 del Código Penal que sanciona la violación de la cuarentena, a raíz de una cena que mantuvo un empresario, productor agropecuario, junto con dos jueces, un fiscal y otro abogado, para celebrar el Día del Amigo.
El productor y empresario Carlos Ruiz Pérez, quien resultó positivo de coronavirus reveló la realización de esa cena, fue allanado mientras daba una entrevista radial. También fueron allanados los domicilios y les secuestraron los celulares a dos jueces, un fiscal y otro abogado quienes participaron de esa reunión.
Además al productor y empresario le allanaron un comercio en la ciudad de Santa Rosa. De allí le llevaron las cámaras de seguridad.
Esa comida se realizó en la casa del juez Pablo Balaguer, quien es integrante del Tribunal de Impugnación Penal, un tribunal de casación.
El fiscal a cargo Andrés Torino, secuestró el celular de Balaguer y el router. Además secuestró los celulares de la esposa y la hija del juez.
Por la misma causa se hicieron allanamientos en las casas del juez de Faltas Miguel Vagge y del fiscal general Guillermo Sancho, a quienes también le secuestraron el celular. Además le secuestraron el celular a otro abogado, Marcelo Molín y a su hija.
Cuando trascendió esa reunión, el gobernador Sergio Ziliotto echó a un funcionario (jefe del Parque Automotor del Ministerio de Salud), Pedro Arcuri. Allí se dijo que se había festejado un asado.
A los tres días, se inicia un brote en la localidad de Catriló, que desató la seguidilla de casos que se desparramaron en la provincia: supuestamente el contagio llegó desde el pueblo bonaerense de Carlos Pellegrini. La Pampa ahora está en fase 1 casi en su totalidad, con 161 casos por ese brote. En los cinco meses anteriores, solo hubo 8 casos.
Cuando se conoció que los dos jueces y el fiscal estuvieron en esa cena, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa dijo que “los jueces y el fiscal pueden perder el cargo si se confirma esa conducta”. Y que los funcionarios podrían enfrentar un “jury”, más allá de la causa penal.